“qué difícil escapar al calambre de la culpabilidad, de no hacer lo suficiente, ocho días de trabajo para qué, para una condena sobre el papel que ninguna fuerza inmediata pondría en ejecución, el Tribunal Russell no tenía un brazo secular, ni siquiera un puñado de Cascos Azules para interponerse entre el balde de mierda y la cabeza del prisionero, entre Víctor Jara y sus verdugos”.
Julio Cortázar, Fantomás contra el imperio de las multinacionales
Tan experimental fue la literatura generada por Cortázar mientras participaba en el II Tribunal Russell sobre el comportamiento de las multinacionales y sus relaciones con las dictaduras latinoamericanas, como la propia celebración del evento, descentralizada en Bruselas y Roma y prolongada en el tiempo, entre 1974 y 1976. Sin ninguna validez jurídica pero con una incontestable validez poética, la historia terminó por darle a la razón a aquel atajo de escritores, fumadores compulsivos y militantes de izquierda. Cuantas veces ha tenido la literatura el honor de no ser más que prólogo de la realidad, avanzada mediante fabulación para convertirse posteriormente en titular periodístico.
Aquel calambre de culpabilidad del que Cortázar hablaba generó corriente eléctrica suficiente -ya sabemos que la energía no se destruye, sólo se transforma- para encender la luz en el cuarto oscuro de la impunidad y permitir que un juez, un día, tomase declaración al otrora todopoderoso General Pinochet. Ese juez se llama Juan Guzmán Tapia y será uno de los miembros del jurado del Tribunal Russell sobre Palestina que se reunirá en Barcelona los próximos 1,2 y 3 de marzo. Quien mejor que el Juez Guzmán para recordarnos la necesidad de una jurisdicción universal en materia de derechos humanos.
La misma culpabilidad, la misma impotencia y la misma necesidad que llevó a un grupo de intelectuales a lanzar, en 1966, el concepto de Tribunal Rusell para denunciar los crímenes de guerra que se cometían en Vietnam y una década más tarde los que se cometían en América Latina bajo las dictaduras de los generales han llevado a un grupo de académicos y activistas a centrar en este 2010 la atención del Tribunal Russell en la realidad palestina.
¿Por qué Barcelona? No por casualidad sino con intención, ya que España ha sido el lugar donde más cerca se ha estado de abrir una causa judicial, en aplicación de la jurisdicción universal, respecto a los presuntos crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza. Donde más cerca se ha estado y donde más cerca se ha comprendido el nivel de responsabilidad de nuestros gobiernos y parlamentos a la hora de detener las investigaciones judiciales en marcha respecto al comportamiento del ejército israelí. Juan Antonio Martín Pallín, Magistrado del Tribunal Supremo español, miembro del Jurado del Tribunal Russell, tendrá más de una opinión interesante al respecto. Y la compartirá con los asistentes.
Fantomás sólo existe ahora en repisas llenas de polvo. Pero la Sudáfrica en la que se formó como hombre blanco luchando por imponerse frente a la población originaria del lugar – afortunadamente también hoy sólo disponible en su versión de librería de viejo- se encuentra presuntamente, según muchos de los participantes del Tribunal Russell en la base explicativa de un sistema de segregación racial y apartheid que se juzgará -simbólicamente- en Barcelona.
Ronald Kasrils, mano derecha de Nelson Mandela, Ministro de la Sudáfrica democrática, luchador de décadas contra el régimen supremacista blanco, descendiente quizás de aquellos boers que entrenaban a Fantomás para cometer sus fechorías se sentará junto al Juez Guzmán Tapia en el Jurado de este Tribunal Rusell para explicarnos los paralelismos que, en su opinión -supuestamente bien fundamentada- existen entre el apartheid en el que creció y el que se desarrolla ahora en Israel.
Cuando Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir abrieron el I Tribunal Russell en Estocolmo y Copenhage en 1966 y 1967, la más joven de sus miembros, una joven abogada franco-tunecina, Gisele Halimi, que trabajaba entonces por los derechos de los prisioneros argelinos en Francia, probablemente no sabía que pasados los años se convertiría en diputada socialista francesa y representante de su país en la UNESCO. Es probable que tampoco planease sentarse 44 años más tarde como jurado de un nuevo Tribunal Russell junto a Ken Coates, fundador con el propio Bertrand Russell del sistema de Tribunales en la época del blanco y negro, o junto a Stephane Hessel, embajador de Francia y miembro de la ponencia que redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, el mismo año en que se creó el Estado que ahora colaborará a juzgar con una cierta legitimidad en torno a cuales eran los comportamientos que pretendían evitarse al redactar la Carta de Derechos Humanos.
Tampoco Desmond Travers, Coronel del Ejército de Irlanda imaginaba, tras ser uno de los cuatro juristas que redactó el Informe Goldstone, encargado por las Naciones Unidas para investigar los crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza, que aquel informe no sería aceptado por la comunidad internacional debido a las presiones de Israel y los Estados Unidos y que tendría, apenas unos meses después, que comparecer en una Tribunal de Conciencia que combata, al menos, el crimen del silencio, contra el que se ideó el sistema de Tribunales Russell. Su experiencia respecto al fósforo blanco -el napalm de nuestros días- y los repetidos bombardeos que sufrieron las instalaciones de las Naciones Unidas en el transcurso de la Operación Plomo Fundido nos ilustrará una vez más sobre los horrores de la guerra.
Veronique de Keyser y Luisa Morgantini, diputadas belga e italiana o Francis Wurtz, francés, miembros del parlamento europeo, conocen bien, y explicarán en tanto representantes políticos de la ciudadanía, las decisiones tomadas por los estados miembros de la UE en apoyo de Israel. Ambos participaron activamente del movimiento que logró detener hace un año la votación que pretendía mejorar el sistema de relaciones políticas y económicas con el estado judío obviando la obligación de respetar los derechos humanos y las repetidas votaciones que demandan la suspensión de los acuerdos económicos preferenciales europeos con Israel.
Y finalmente, contra lo que muchos se imaginarían, pero con la intención de que el Tribunal sobre Palestina pueda conocer la realidad israelí desde dentro, para juzgarla al detalle, y por parte de quienes se esfuerzan por modificar las políticas del estado aplicando sus propias reglas y tratando de incidir en una sociedad que se escora peligrosamente hacia posturas irreconciliables con los palestinos, Meir Margalit, concejal del Ayuntamiento de Jerusalén, veterano de guerra y ex oficial del Ejército israelí, y Michael Sfarad, abogado que batalla cada día en los tribunales de Tel Aviv para defender los derechos de los miles de palestinos afectados por el Muro, explicarán si aún es posible luchar por la justicia desde dentro del país acusado de violarla.
Alberto Arce - www.pmasdh.com
